Sami se bajo del carrusel!

Alcalde suspendio

Parte de la determinación que tomó el Procurador General de suspender al alcalde, Samuel Moreno, tuvo en cuenta la declaración de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, del entonces director Técnico Legal del IDU, Inocencio Meléndez, la directora técnica de construcciones, Carmen Lopera y Camilo Orrego, director Jurídico; quienes coincidieron en señalar que todo el tema de la contratación en Bogotá le era informado al mandatario, según dice el pliego de cargos conocido por Caracol Radio.

El fallo de 147 páginas señala que pese a conocer las irregulares advertidas esto “no ha merecido intervención alguna por parte del señor alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, tendiente a buscar soluciones con el fin de cumplir en forma adecuada y diligente con su función”.

El detenido ex Director Técnico del IDU, Inocencio Meléndez, en su declaración sostiene que “el señor alcalde le hace el control de tutela a esas políticas y proyectos del IDU, a través de su junta directiva por medio de los informes y reuniones con la Dirección General del IDU y las áreas que involucran las decisiones del organismo. Dijo además que la directora general mantenía informado al señor alcalde y a la junta directiva tanto de las decisiones, propuestas y soluciones, como de los proyectos a contratar y ejecutar con cada vigencia.

Por su parte, el director jurídico distrital, Camilo Orrego expresó que el alcalde mayor y sus secretarios y asesores efectuaban un análisis y daban lineamientos para la articulación de las acciones en el Distrito respecto al referido plan, consejo que, según él, se reúne de manera semanal.

En otro de los apartes del pliego de cargos el Procurador señala que solo el 22 de octubre de 2010 el alcalde informó a la entidad las supuestas irregularidades en la contratación cuando se presentó el informe de la comisión de seguimiento de la contratación elaborado por el excongresista, Gustavo Petro.

En el pliego de cargos se señala que encontraron un caso en el 2009, en el que se contrato la construcción de andenes destinándose recursos por 6 mil 436 millones de pesos y después de cinco meses de iniciado el contrato el contratista y la interventoría manifestaron que el valor de las redes de servicios públicos a construir era de 12 mil millones de pesos lo que representa un incremento del 97 por ciento.

Cuestiona la Procuraduría que la determinación de la administración de este caso fue no efectuar la construcción de estas redes ocasionando una posible afectación al patrimonio publico por los convenios que ya habían sido pactados con empresas como UNE, EAAB, la ETB entre otras.